Lamentablemente lo que ocurre en México desborda todos los límites. Todas las formas de agresión al ser humano. Se violan en esa importante y querida nación todos los derechos: la vida, la seguridad personal.

1 Existe una tendencia generalizada sobre la política que consiste en manejarse con un doble discurso. Concretamente me refiero a lo siguiente: aquellos gobiernos de avanzada, con clara inclinación social, están sometidos a un riguroso examen sobre su calidad democrática.

No ocurre lo mismo con los gobiernos de derecha, en torno a los cuales el juicio acerca de sus actuaciones suele ser extremadamente permisivo. De tal manera que los gobiernos de derecha tienen una especie de protección –o manto de impunidad– que los exonera de responsabilidades. Así por ejemplo, la defensa del Estado se atribuye prerrogativas que atentan contra derechos ciudadanos fundamentales, mientras que en el caso de los gobiernos populares las exigencias son abrumadoras y prácticamente los condenan a la indefensión.

2 La experiencia la observamos actualmente cuando, con absoluta nitidez, se cotejan ambas situaciones al analizar casos emblemáticos como los de México y Venezuela –aún cuando también pudiera citar, de un lado, a Colombia y Brasil, y, del otro, a Nicaragua y El Salvador.

El Ministerio del Poder Popular Para las Relaciones Exteriores informa que el día de hoy, 18 de junio de 2018, la República Bolivariana de Venezuela, representada por una delegación encabezada por la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez Gómez, y acompañada por el Canciller de la República, Jorge Arreaza Montserrat, ha asistido a la reunión convocada por el Presidente de la Corte Internacional de Justicia, Sr. Abdulqawi Ahmed Yusuf, en relación con la demanda unilateral presentada por la República Cooperativa de Guyana contra la República Bolivariana de Venezuela respecto a la Guayana Esequiba.

La representación de Venezuela, tras haber presentado sus respetos a tan honorable instancia judicial internacional, ha comunicado al Presidente de la Corte, mediante misiva suscrita por el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, su decisión soberana de no participar en el procedimiento que pretende incoar Guyana, por carecer la Corte manifiestamente de jurisdicción sobre una acción planteada unilateralmente por el país vecino, que no cuenta con el consentimiento de Venezuela.

Esta decisión, informada debidamente a la Corte Internacional de Justicia, es cónsona con la posición histórica de Venezuela de no reconocer jurisdicción a dicha instancia judicial internacional -en ningún caso- y menos para la resolución de esta controversia, en la que Venezuela no escatimará esfuerzos en la defensa de sus legítimos derechos sobre la Guayana Esequiba.