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Embajada de Venezuela
Misión Nueva Frontera de Paz restituirá la seguridad y tranquilidad en las zonas fronterizas PDF Imprimir E-mail
Viernes, 11 de Septiembre de 2015 08:30

maduro11440791711.jpg 1718483346El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este jueves la creación de un nuevo plan social que lleva el nombre de Misión Nueva Frontera de Paz, para proteger a las comunidades que viven en las zonas fronterizas con Colombia del paramilitarismo, narcotráfico, secuestro y contrabando, crímenes inoculados por pequeños grupos desde la nación neogranadina hacia Venezuela.

"Va a ser una misión especial, una misión cívico-militar y va a recorrer toda la frontera con Colombia", comentó el mandatario, en transmisión conjunta de radio y televisión, desde el nuevo urbanismo Francisco de Miranda, en Nueva Esparta, donde dirigió la entrega de 135 nuevos hogares construidos por la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV).

El jefe de Estado indicó que esta misión tiene varios objetivos, entre ellos limpiar la frontera del paramilitarimo y el narcotráfico, para garantizar la paz y la seguridad en estas zonas.

Asimismo, la misión busca hacer de la frontera una zona productiva en lo económico, "con un comercio sano, justo, con una vida económica sana, productiva, socialmente estable, donde estén todas las misiones desplegadas", y en la cual se desplieguen también los otros proyectos sociales del Estado, que garanticen la educación, la salud, la vivienda y la calidad de vida del pueblo.

Llamado al diálogo

"Nunca en nosotros habrá una molécula de anticolombianismo, jamás, nunca caeremos en el juego de odio que desde Bogotá se ha lanzado contra nosotros", dijo el presidente Maduro, al hacer referencia de la campaña mediática de la ultraderecha colombiana, que pretende hacer ver a Venezuela como un Estado violador de los Derechos Humanos, tras las medidas soberanas y constitucionales en los estados Táchira y Zulia para proteger a los venezolanos del paramilitarismo, contrabando y narcotráfico.

Señaló que en la frontera con Colombia hay graves problemas y que lo que se ha hecho al respecto es insuficiente, por tal razón llamó nuevamente a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, a un diálogo abierto.

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El paramilitarismo existe aunque Colombia no lo nombre PDF Imprimir E-mail
Martes, 08 de Septiembre de 2015 10:45

Como si se tratara de un simple ajuste semántico, mediante la ley 975 de 2005, Colombia "eliminó" el paramilitarismo. En ese instrumento jurídico, promulgado durante del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se suprime el término y se sustituye por el de "organizaciones criminales dedicadas al contrabando y al narcotráfico". Las recientes declaraciones de la canciller neogranadina, María Ángela Holguín, así lo confirman.

En una conferencia ofrecida el pasado jueves, la jefa de la diplomacia colombiana aseguró que con esa ley, Colombia había erradicado el paramilitarismo porque ya "no utilizábamos esa terminación".

De esta forma Holguín respondía la petición de Venezuela de buscar una solución conjunta en la frontera para combatir ese flagelo, luego que tres funcionarios de su Fuerza Armada fuesen atacados por grupos paramilitares mientras cumplían funciones de seguridad contra el contrabando de extracción.

Frente a ese ataque a la soberanía y a la seguridad de Venezuela, el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, ordenó cerrar la frontera en el estado Táchira, medida que fue extendida de manera indefinida el pasado viernes 21 de agosto.

Sin embargo, el paramilitarismo colombiano es más que un asunto de nomenclatura. Datos de la Fiscalía General colombiana detallan que desde la década de los noventa hasta 2010, fueron perpetrados más de 21.000 homicidios por parte de esos grupos al margen de la ley. Las evidencias de ese horror están en las 3.200 fosas comunes descubiertas y los numerosos folios en el que están contenidas las confesiones de desapariciones, secuestros, violaciones, torturas, utilización de hornos crematorios y otras prácticas en contra del pueblo colombiano.

El proyecto de Uribe

El escritor y columnista colombiano León Valencia, en un artículo de su autoría publicado en el libro Las perlas uribistas (2010), da cuenta de la estrategia del ex mandatario colombiano para desmovilizar las estructuras visibles de esas organizaciones "y buscar el ingreso a la vida civil de sus jefes, lo que dejaba intacto su enorme fondo de riquezas y poder político".

El mecanismo, cuenta Valencia, fue mediante la creación precisamente de la ley 975. El instrumento jurídico, promovido por Uribe ante el Congreso, les permitía a los paramilitares quedar bajo el amparo de la figura de "sedición", eximirse de confesar sus crímenes para obtener beneficios procesales y la considerable rebaja de las penas.

Sin embargo, la Corte Constitucional emitió luego una sentencia en contra de esas exenciones. Al mismo tiempo, el máximo tribunal de ese país emprendió las investigaciones de los nexos entre los paramilitares y los políticos. Esa acción dejó al descubierto las negociaciones que había hecho el gobierno de Uribe con los jefes del paramilitarismo.

Las decisiones de ambas Cortes fueron consideradas por los jefes paramilitares como una "traición" a la promesa de Uribe de una reinserción tranquila. La consecuencia fue previsible: las organizaciones retomaron su actividad criminal.

Como ejemplo del error, Varela cita el caso de Medellín, donde Uribe y el alto comisionado de paz pactaron con Diego Murillo, alias don Berna, la desmovilización de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada, "pero dejaron intacta la llamada 'Oficina de Envigado', es decir, la estructura madre de todo el paramilitarismo en la ciudad".

Después del retiro de los paramilitares de las negociaciones, se desató nuevamente la criminalidad en la zona y retomaron el control de los barrios "en una escalada de violencia que disparó los homicidios a los niveles que estaban en el año 2003".

Sin embargo, la solución que encontró Uribe en ese momento para "minimizar el fenómeno y esconder el fracaso de la negociación con los paramilitares", es la misma aplicada por la actual administración de la Casa de Nariño: darle otro nombre a esos grupos violentos al margen de la ley.

"Les ha dado el nombre de Bandas Criminales al Servicio del Narcotráfico, Bacrim, a los nuevos grupos y ha insistido una y otra vez que son una realidad totalmente distinta a las Autodefensas Unidas de Colombia. Pero lo cierto es que estas organizaciones hacen cosas muy parecidas a los anteriores paramilitares".

En ese mismo artículo, el columnista agrega que esa situación de desborde criminal por parte de los paramilitares se repite "en ciudades como Cali, Barranquilla, Montería, Cartagena y en zonas del sur del país, Llanos Orientales, Magdalena Medio y en la frontera con Venezuela".

Construcción de una nueva frontera

La creciente violencia fronteriza, producto de la actuación de los paramilitares, ha sido denunciada por Venezuela no sólo en el ámbito bilateral. La semana pasada, en China, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, se reunió con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, para exponer los desafíos que enfrenta el país en la zona limítrofe con el vecino país.

Maduro explicó a Ban Ki-moon que en la costura de 2.219 kilómetros que une a ambos países "gobiernan los paramilitares, contrabandistas y narcotraficantes, porque ellos (el gobierno neogranadino) abandonaron la frontera".

Días previos a que se agudizara la tensión diplomática entre Caracas y Bogotá, la canciller venezolana había solicitado a Colombia -entre otras peticiones- la entrega de la lista de paramilitares desmovilizados, con el objetivo de plantear una estrategia de seguridad conjunta que permitiera minimizar la violencia de esos grupos en contra de la población que vive en la zona limítrofe.

Según los datos del gobierno colombiano, en ese país fueron desmovilizados más de 31.600 paramilitares. Sin embargo, en la carta enviada en 2006 por Iván Roberto Duque, paramilitar colombiano de las Autodefensas Unidos de Colombia (AUC), al alto comisionado Luis Carlos Restrepo, informa que los jefes de esas organizaciones eran más de 40 y en las cárceles sólo habían 19.

Los mandos medios, al quedar excluidos en los listados de "Justicia y Paz", retornaron a sus actividades armadas: "El auge de la violencia en 2009 muestra igualmente que la disminución de los actos criminales fue temporal en muchas regiones, lo que convalida las aseveraciones de Báez", destaca Varela en su referido artículo.

Un informe del Comité de la ONU contra la Tortura, divulgado en mayo de este año, alertó sobre las "deficiencias" que hubo en el proceso de desmovilización de paramilitares.

El organismo manifestó además su preocupación porque el proceso "habría dejado impunes numerosos crímenes cometidos por miembros de los grupos paramilitares, negando así a las víctimas el derecho a una reparación plena", reseñó el diario El Colombiano en esa entonces.

Según datos oficiales, frente a 266.552 denuncias recibidas entre 2010 y 2013, sólo se habrían dictado 10.671 sentencias condenatorias.

Próximo diálogo

Ante este panorama, la postura de Venezuela ha sido la de retomar el diálogo para consensuar una solución conjunta al problema de la violencia en la frontera común.

"Al presidente Santos nuevamente le hago un llamado. No tenga miedo al diálogo Presidente (Santos). Solo a través del diálogo, usted y yo podemos canalizar la solución. Yo estoy dispuesto a sentarme a hablar con usted dónde usted diga, cuándo usted diga y cómo usted diga", agregó Maduro.

Este lunes, tras los reiterados llamados de Maduro a sostener una reunión cara a cara, Santos aceptó sentarse a resolver el diferendo con la mediación de Uruguay.

"La semana pasada recibí una llamada del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, que ofreció sus buenos oficios para facilitar un diálogo con Venezuela, acepté su ofrecimiento y le comuniqué que la reunión fuera inclusive en Montevideo si él lo considera necesario", declaró Santos, quien agradeció a los demás países y organismos que también promovieron la propuesta de un encuentro bilateral.

 
Presidente Maduro acepta mediación de Argentina y Brasil PDF Imprimir E-mail
Martes, 08 de Septiembre de 2015 09:08

 

El jefe de Estado venezolano informó que ha aceptado la mediación de Argentina y de Brasil para reunirse con el presidente colombiano, Manuel Santos, para analizar la situación de la frontera.

“He aceptado la mediación de los gobiernos de Brasil y de Argentina, (cuyos cancilleres) fueron hasta Jamaica y me propusieron, a nombre de las presidentas Dilma Rousseff y Cristina Fernández, una reunión en Manaos o en Buenos Aires entre usted y yo, lo he aceptado (…) Vamos a vernos, restituyamos las relaciones de diálogo, respeto, de convivencia; de coexistencia entre modelos: Usted es capitalista, de derecha, y yo soy socialista, bolivariano, chavista”, dijo.

Reiteró que respeta a su par Santos pero no aceptará condiciones para el encuentro, pues a su juicio Colombia no está en condiciones de exigir, cuando la agredida es Venezuela.

Informó que el defensor del Pueblo, Tarek Saab, está en Ginebra y ha expuesto la situación del éxodo de ciudadanos colombianos hacia territorio venezolano, y en ese sentido el Gobierno Bolivariano recibirá asesoría y apoyo especial en este tema.

Reiteró su llamado al diálogo a Colombia, basados en el respeto y la paz, para solventar la situación en la frontera.

"Restituyamos las relaciones de diálogo, respeto, de convivencia de coexistencia, de modelos (...) Yo extiendo mi mano para restituir un diálogo respetuoso, de altura, entre dos jefes de Estados. Usted (presidente Juan Manuel Santos) de Colombia, yo de Venezuela, sin condiciones", expresó.

Señaló que, a través del diálogo, ambas naciones pueden diseñar un plan de soluciones para tratar los temas que afecta a la población en la frontera. 

"Acepto toda la ayuda que haga falta, esta mano está lista para estrecharla al presidente Santos con firmeza, y sentarnos a trabajar y nuestros equipos se unan para trabajar contra los paramilitares... "Vamos a dar el paso al fuerte. Es la hora del coraje, la valentía y la diplomacia. Acepto la mediación de los gobiernos de Brasil y de Argentina. Pongámonos de acuerdo. Ha llegado la hora de una nueva frontera de paz, de estabilidad sin paramilitares, sin guerra económica", recalcó. 

Última actualización el Martes, 08 de Septiembre de 2015 10:02
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LAS VERDADES QUE BOGOTÁ PRETENDE OCULTAR PDF Imprimir E-mail
Viernes, 04 de Septiembre de 2015 16:43

Respecto a la situación conflictiva en la frontera con Colombia, es necesario apartar elementos subjetivos y entender las reales, históricas y profundas causas que dan origen a los graves y acumulados procesos de empobrecimiento de millones de ciudadanos colombianos y las consecuencias que por décadas ha debido afrontar el estado venezolano.

Los DDHH son respetados por el Gobierno venezolano. A los deportados, un mil ochenta y ocho en total, se les ha tratado con las más amplias consideraciones asumidas en nuestros compromisos con la comunidad internacional y con el estado y pueblo colombiano. Más de trescientos de esos ciudadanos han manifestado en nuestro Consulado en Cúcuta retornar a Venezuela y regularizar su permanencia. Otros centenares de ciudadanos, miles, según pregona el gobierno colombiano y la prensa xenófoba bogotana; más no certificadas tales cifras por algún organismo internacional creíble, han optado por abandonar el país por pasos fronterizos ilegales sin acudir las instancias consulares como hubiese deseado el Gobierno.

Estos migrantes en situación de ilegalidad aducen su nacionalidad colombiana pero se resisten a presentar documentos de identidad. El gobierno venezolano entiende que tal negativa obedece al temor de ser deportados lo que impediría en dos años regresar a Venezuela, a la vez, centenares de ellos niegan identificarse por temor a represalias por grupos paramilitares, y en muchos casos, temor ante el Ejército y la Policía Nacional colombiana

A este último grupo no se le ha presionado ni perseguido como obcecadamente manifiestan medios de comunicación colombianos. Es falso lo afirmado por el Presidente Santos acerca de que “miles” de familia han quedado separadas. No ha recibido el Gobierno venezolano denuncias al respecto; la prensa internacional no ha encontrado ningún caso al respecto. Todo el escándalo se ha quedado en las pantallas de TV y xenófobos titulares en la prensa neogranadina. (Ver anexos beneficios en asistencial social y económica a colombianos en Venezuela).

Oculta el Presidente Santos a la opinión pública internacional que según información de las propias autoridades colombianas, más de 5 mil niños, entre 5 y 17 años participan de las acciones delictivas de contrabando a vista de cualquier ciudadano que transite las calles en Cúcuta. Los niños y ciudadanos colombianos son sometidos por su propio gobierno a exponer sus vida por las descomunales cantidades de combustibles peligrosamente inflamables que se avistan en las más céntricas calles y avenidas de Cúcuta, acción legalizada por leyes internas. (Ver fotografías anexas)

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Evasión de responsabilidades y alabanzas al neoliberalismo que castiga al pueblo colombiano.HE PDF Imprimir E-mail
Viernes, 04 de Septiembre de 2015 16:40

Este jueves 3 de septiembre, la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, dijo que debido a las políticas de subsidio que emprende el gobierno venezolano para reivindicar al pueblo el derecho a la alimentación, educación y salud, el gobierno de su país poco puede hacer para combatir el contrabando.

“Mientras ustedes sigan subsidiando los productos es muy difícil que podamos hacer algo en la lucha contra el contrabando….” expresó la funcionaria, citada en el página web de El Tiempo.

 

 
Paramilitarismo, genera desencuentro entre naciones hermanas. PDF Imprimir E-mail
Viernes, 04 de Septiembre de 2015 16:33

Paramilitarismo anexo 1Los 160 kilómetros lineales de frontera con Colombia del occidental estado venezolano del Táchira han sido durante años un canal abierto al delito y al crimen organizado, un lugar en el que los paramilitares gobiernan de modo omnipresente en la sombra.

Los militares los llaman ‘Los urabeños’ y ‘Los rastrojos’ pero para nosotros todos son lo mismo, porque uno aquí no sabe quién es quién”, dice Ernesto sentado frente su rancho, una casucha de lata en la que, si se para en el porche, puede ver parte del poblado venezolano de San Antonio, y desde el patio, las sabanas de los campos colombianos.

Si tienes mucho, pagas mucho; si tienes poco, pagas poco”

El campesino, que atribuye con admiración a los hermanos Castaño la creación de las “autodefensas” como grupos armados antisubversivos que defendían a los habitantes de las guerrillas, agrega: “Mire, ponga cuidao, los que están aquí se hacen llamar paramilitares, pero eso es armar una banda, ponerse nombre, agarrar un territorio y cobrar vacuna”.

Ernesto se refiere a quienes operan en la zona como bandas paramilitares, grupos armados que desde hace muchos años controlan todas las actividades comerciales de la frontera colombo-venezolana, y que dictan su propio orden tributario en el territorio.

Si tienes mucho, pagas mucho; si tienes poco, pagas poco. Nosotros pagamos 50 bolívares semanales”, cuenta una vecina para referirse a ‘la vacuna’, el impuesto sagrado que entregan los habitantes de todos los poblados al borde del eje fronterizo.

Una cuota a cambio de la que, estas bandas, garantizan “seguridad y vigilancia”

Última actualización el Viernes, 04 de Septiembre de 2015 16:40
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